Luego de que en 2018, 30 millones de votos lo encumbraron a la presidencia de la República, casi cinco años después, su base de votos anda alrededor de 15 millones de adeptos y ello, de suyo, tiene preocupado al principal huésped de Palacio Nacional y por ello trata de mantener el control de las autoridades y tribunales electorales, al tiempo de impulsar una consulta popular para establecer su égida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
López Obrador es un presidente solo para sus seguidores y en contraparte, para el resto de la población, en el mejor de los casos, solo hay desdén y a quien considera su enemigo, lo ataca cotidianamente.
De qué le sirve al país un presidente que busca por todos los medios perpetuarse en el poder y gobernar para una minoría que, por el solo hecho de recibir migajas del régimen, está dispuesta a acompañarlo en sus correrías.
AMLO trasgrede sistemáticamente el orden constitucional, además de los ordenamientos que norman el proceder del jefe del Ejecutivo federal.
El principal responsable de que se haga menos la investidura presidencial es López Obrador, con su proceder rijoso y dañino para la democracia, la gobernabilidad, la separación de poderes y para, incluso, la cohesión de la Federación.
De ese tamaño es el daño que provoca el tabasqueño desde su letanía matutina.
El discurso beligerante que han empleado otros gobernantes populistas de la región, como fue el caso de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro en Venezuela, y Daniel Ortega en Nicaragua, ambos gobiernos comandados por la dictadura cubana, lo despliega AMLO cotidianamente para dividir a los mexicanos y con ello mantener el poder.
Los últimos epítetos indilgados a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y a los otros siete ministros que se han pronunciado contra diversas disposiciones del Poder Ejecutivo, son una clara muestra de la violación sistemática que hace el presidente contra los que él considera sus detractores.
Cuando el país transita por un periodo marcado por la crisis económica, exclusión social, marginación, pobreza, crisis en materia de salud y desabasto de medicamentos, de inseguridad pública y de violencia extrema en buena parte del territorio nacional, el presidente gobierna con una prioridad en la mente: instaurar la dictadura del obradorato con el apoyo de su base electoral, de las Fuerzas Armadas e incluso de grupos de criminales.
Lo absurdo de la realidad, ese surrealismo que ya no espanta al grueso de los mexicanos y que, si Kafka hubiera nacido aquí, sería costumbrista, es que aún con el mal gobierno, se insiste desde el poder que ganarán las elecciones en el Estado de México y por supuesto las del próximo año, que incluye la elección presidencial, lo que representa un sueño guajiro, porque si sale la ciudadanía a votar en 2024 perderá Morena la oportunidad de seguir gobernando en el país.
En lugar de apaciguar los ánimos de una sociedad polarizada, se seguirá metiendo fuego a la hoguera para subirle presión a la olla exprés del descontento social, que es a lo que aspira el régimen totalitario para, sobre la base de toletazos, declarar el estado de excepción y con ello mantenerse en el poder por la inviabilidad de llevar a cabo unas elecciones pacíficas.
Suena radical el razonamiento anterior, pero es muy viable, sobre todo cuando existen grandes posibilidades de que la oposición gane la elección presidencial.
AMLO está preparado para enfrentar cualquier escenario que implique la pérdida del poder, aunque ello conlleve, incluso, el uso de las Fuerzas Armadas para imponer el orden.
El presidente cree que, con su base de adeptos, que claramente son minoría, le alcance para instaurar la dictadura y no habrá poder humano que lo detenga.
Si cree la oposición que el camino para ganar la elección presidencial de 24 se alcanzará solo con tener más votos que Morena y sus rémoras, pues están equivocados, ya que se requiere asegurar que la SCJN y las autoridades electorales hagan su labor con imparcialidad y que las fuerzas del orden procedan en consecuencia.
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