Historia a cuento

Exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE)

Juárez y la mitad del XIX hasta en la sopa… hay que conocer la historia para ver de dónde venimos, no para volver a ella. De otra manera la lectura de la historia se asemeja a un acto religioso, el religare, el volver a un paraíso perdido.

Bien se dice que la historia la escriben los vencedores y por lo mismo hay que reescribirla al paso del tiempo para quitarle la épica y desvelar los hechos, para que estos sean los que “hablen”.

También es cierto que los políticos ajustan los hechos históricos a su narrativa para apoyarse en ellos, tanto para dar fuerza a sus argumentos y justificar su conducta o denostar a sus contrincantes.

El relato histórico ha servido para crear identidad nacional en México y muchos otros países. En el bordado de la mexicanidad están estampados el valiente y leal Cuauhtémoc, la Virgen de Guadalupe, el cura Hidalgo, la Corregidora, Juárez el indígena liberal, el tata Cárdenas y episodios como el sitio de Cuautla, la batalla del 5 de mayo, la expropiación petrolera y muchos otros que fueron dibujados en nuestras conciencias y tatuados en el ¡¡¡mexicanos al grito de guerra!!!

Hoy nadie duda de que somos mexicanos, lo que eso signifique, y que este país ocupa un lugar reconocible en la geografía mundial, entonces ¿a cuento de qué viene la sistemática recurrencia al siglo XIX cuando ya pasaron casi doscientos años de aquellos episodios? ¿Por qué se recrean, falseándolos, para ajustarlos a nuestros tiempos y problemas?

No es la primera vez que el Juárez épico es usado por el Estado mexicano como referente de unidad nacional y soporte del discurso gubernamental. En el sexenio de Luis Echeverría el país se colmó de estatuas, bustos y escenas pictóricas de los liberales juaristas, materializando la ironía orwelliana.

Cincuenta años después se vuelve a recurrir al juarismo ahora para proponer la elección por voto popular de ministros*, magistrados, jueces, consejeros y comisionados de órganos autónomos, con lo que se convertirían en presa más fácil del entramado de intereses y no los órganos técnicos de control que tendencialmente deben ser.

Además, se recurre a las tácticas más grotescas para debilitar y volver inoperantes al Poder Judicial y a los órganos autónomos, así, se les desmembra, se amenaza con reducirles el presupuesto, y se busca intimidarlos exponiéndoles al griterío popular y a la amenaza de someterlos a juicio político.

A pesar de todo, el diseño constitucional persiste y la SCJN hace honor a su responsabilidad y frena la primera parte del Plan B. Las violaciones al procedimiento legislativo eran tan burdas que ni siquiera el pleno tuvo que entrar al fondo del proyecto de enmienda legal. La mayoría en el Congreso sin deliberación, es más, sin conocimiento de lo que votaba, aprobó a ciegas, cual acto de fe y/o de interés para congraciarse con quien suponen decidirá la continuidad de su carrera política.

Como lo comenté en entrega previa, parece que el Ejecutivo federal no confía ni en sus correligionarios, les hace llegar las cosas hechas para que sean aprobadas sin más.

Derivado de lo anterior, el presidente arreció contra el Poder Judicial, subiendo el tono lleno de adjetivos sin contenido y enrareciendo aún más el ambiente polarizado. Lo previsible es que esta conducta continúe, ya que llegará a la Corte el paquete de reformas legales que fueron aprobadas al vapor, al cierre del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, una veintena de normas que tocan desde ciencia y tecnología hasta minería.

Y para cerrar la semana el Ejecutivo adopta la posición de provocador y sin miramientos desafía abiertamente a la autoridad electoral y transgrede la Constitución con el llamado abierto a votar, a unos días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, prueba la estrategia de comunicación que piensa seguir para las elecciones del próximo año y por la vía de los hechos aplica su reforma a la Ley General de Comunicación derogada por la Corte.

Por lo que hace al Plan B, el capítulo aún no está cerrado, no solo porque falta la segunda parte, la más delicada ya que se refiere en lo sustantivo a las reglas con las cuales se organizan las elecciones, sino porque la Corte tendría que hacer explícito cuál es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que estará vigente para el 2024, guía fundamental tanto para las autoridades electorales, como para partidos políticos, candidatos, candidatas y en general para la ciudadanía y sus organizaciones.

La cuestión no es menor, al derogarse las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, primera parte del plan B, no se ha hecho expreso hasta el momento –habrá que esperar la publicación de la sentencia y su engrose– cuál norma es la que rige. Por lo pronto, hay quien ya se apresuró a dar por hecho un vacío legal, menudo problema, ¿cuáles serán las reglas? Sin reglas ciertas, claras y conocidas con toda antelación, la credibilidad en los resultados electorales estará en duda desde el inicio mismo de la organización de las elecciones.

¡Hacer problemas en donde no los había! Como si no tuviéramos suficiente, desde ahora sembrar la duda por si el resultado no me beneficia.

*A pie de página: El liberalismo mexicano del XIX lejos estaba del europeo, aquel que buscaba equilibrio de poderes y por lo mismo fortalecer al Legislativo y al Judicial. La nación estaba en proceso de construcción después de la guerra de independencia y para algunos la centralidad en torno al Ejecutivo era condición sine qua non para ello. A mi parecer aquí está una de las claves para entender la conducción personalista y autoritaria del actual presidente en su idea de refundar a la República. Por cierto, no es correcto afirmar que la Constitución de 1857 postuló la elección de ministros de la Suprema Corte por la vía del voto popular directo, pero esa es otra discusión.