El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocidas como el Plan B de reforma electoral.
Además, el ministro otorgó una suspensión para que no sea aplicada en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.
De acuerdo con un comunicado que envió el Alto Tribunal, ya que se promulgó durante el periodo de veda electoral, acto que está prohibido en la Constitución.
La Corte añadió que “de no concederse (la suspensión), su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”.
Fue apenas el lunes cuando comisiones unida del Senado aprobaron el dictamen restante de la propuesta de reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el proyecto se eliminó la llamada ‘cláusula de vida eterna’, ubicada en el artículo 12 de dicha ley, que permitiría la transferencia de votos de los partidos mayoritarios a los minoritarios.
El actual artículo dice que “Independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y términos precisados en el mismo, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.
Se espera que el dictamen sea discutido en el Pleno del Senado esta semana y, tras su aprobación, sea turnado al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sobre el proceso, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), no retrasar por más tiempo la aprobación de la reforma para que quienes estén inconformes con ella puedan presentar acciones de inconstitucionalidad en la Corte.
“Ojalá y deje de estarse jugando con los tiempos, se presente el asunto en el Pleno, se dirima el único artículo que está sujeto todavía a revisión, y se publique y le podamos dar los causes institucionales, como debe ocurrir en una democracia, que todavía lo es: recurrir, quienes creemos que es inconstitucional, ante la Suprema Corte de Justicia, y será la Corte la que decidirá lo que se deba decidir”, dijo en entrevista.
Con información de Diana Benítez y Víctor Chávez
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