Entre los vicios de procedimiento del Plan B, se argumenta el fast track. Si la SCJN es congruente con sus precedentes podría anularse totalmente la reforma de leyes electorales secundarias que se procesaron en horas por la mayoría, sin deliberación democrática, ni respeto a las minorías. No pasó por comisiones, se presentaron de inmediato al pleno; se legisló dos veces el mismo tema en el mismo período de sesiones. Hoy inicia el período ordinario del Congreso. La Cámara de Diputados enviará minuta al Senado en forma inmediata. Debe ser publicada en la Gaceta Parlamentaria con 24 horas de antelación a la discusión en el pleno. Si el Senado aprueba la versión final de la reforma, entonces el proceso se judicializará.
El INE y probablemente el TEPJF presentarán controversias constitucionales; la oposición en su conjunto presentará, cada quien por su parte, partidos, fracciones parlamentarias, acciones de inconstitucionalidad y los ciudadanos y sus organizaciones, amparos contra la afectación de sus derechos ciudadanos. Estas impugnaciones deberán quedar resueltas antes de septiembre de 2023, cuando inicia el proceso electoral de 2024.
Los vicios en un procedimiento legislativo no devienen únicamente de una decisión acordada por la mayoría, pues el órgano legislativo debe ser un órgano deliberativo, donde se eviten errores del proyecto y se presenten las opiniones de todos los grupos parlamentarios, incluidos los minoritarios, pues todos representan a los ciudadanos. La SCJN ha sido clara en muchos casos similares. La urgencia no está justificada.
Así que veremos cómo procesa el Senado la minuta de la Cámara para poder conocer las inconformidades de las minorías. El proceso se sumará a los cientos de casos que ya procesa la SCJN. El candado de ocho votos hace complicado tomar decisiones conforme a derecho en la SCJN. Como lo expresó el Ministro Zaldívar en su momento, son el único tribunal constitucional con esa peculiaridad.
Arranca el nuevo período de la Corte con la nueva Presidencia de Norma Lucía Piña. Sin embargo, hay cuatro posibles votos a favor de la propuesta de AMLO. Desde luego la Ministra Yasmín Esquivel, que se niega a dejar el cargo; el Ministro Arturo Zaldívar, nueva adquisición de la 4T; la Ministra Loretta Ortiz, y la Ministra Margarita Ríos-Farjat; y en veremos el Ministro Juan Luis González Alcántara.
Por eso es importante recordarle a los Ministros de la SCJN que la propuesta de AMLO, basada en una supuesta austeridad franciscana, es un atentado contra los derechos humanos de la ciudadanía. AMLO despilfarra recursos en el Tren Maya en su fallido aeropuerto AIFA, y constriñe aerolíneas a su uso, con cabotaje y otras medidas. El gasto de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien no puede ser candidata a Gobernadora, en Dos Bocas es descomunal y en dólares. El tren Interoceánico ya ni reporta costos y avances. Y nos viene con la historia de que el INE y el sistema electoral son costosos. Costoso es perder la democracia; anular elecciones libres, transparentes, certeras, equitativas y legales.
Por eso, la SCJN debe analizar las reformas a la luz del artículo primero de la Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos humanos, cuyo ejercicio no podrá restringirse, se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, favoreciendo la protección más amplia de las personas. Y agrega que todas las autoridades tienen la obligación de promover los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Justo lo que han hecho el INE y el TEPJF, a los que se quiere reducir a una mínima expresión, quitarles la posibilidad de una jurisdicción y de lineamientos de progresividad y pro persona en los derechos políticos ciudadanos.
Como no piensa cumplir la ley y va a violar los derechos humanos de la ciudadanía, AMLO buscó una reforma constitucional, y luego legal, para permitir que los recursos públicos, los servidores públicos sean utilizados sin sanción en procesos electorales, lo que viola una elección equitativa. Elimina el Servicio Profesional de Carrera para introducir a sus empleados y militantes como organizadores de los procesos electorales, con pagos por honorarios, que no necesariamente implicarán ahorros, a fin de que éstos elijan a las autoridades de casilla y las capaciten.
El sesgo es impúdico, traicionero, atentatorio contra las mujeres, pues ya no habrá paridad en candidaturas para gubernaturas y presidencias municipales, por mencionar tan solo un agravio. Se borran los recursos para capacitación y liderazgo de mujeres en los partidos políticos. Ya no tendremos ante quien acudir para denunciar violencia política de género, pues estarán acotadas las autoridades electorales. Desaparece la sala especializada que se dedicaba a resolver con procedimientos especializados, los conflictos electorales.
El INE no podrá guardar en su Fideicomiso ahorros para dedicarlos a impulsar la cultura política y otras actividades electorales, pero los partidos políticos sí podrán retener ahorros y no devolverlos a la Tesorería de la Federación. Es una reforma que privilegia a los partidos sobre militantes y ciudadanía.
La afectación a nuestros derechos humanos es enorme y puede ser llevada a cortes internacionales por su gravedad, como el caso de la prisión preventiva oficiosa, que ya viene de regreso a la SCJN, por considerarla violatoria de derechos humanos, a la presunción de inocencia, por la Corte Internacional.
No queremos ser un país sin democracia, sin derechos humanos, sin derechos político electorales, sometidos a elecciones de Estado, con conflictos postelectorales y violencia política. Espero que los ministros de la SCJN no quieran sangre de los mexicanos en sus conciencias y habrán de interpretar la legislación del Plan B, no como un tema de pesos y centavos, sino de plenitud de los derechos humanos que deben proteger.
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