Los más importantes ideales de la ética se reflejan en el Derecho, y por lo tanto en la Política. El Derecho auténtico es el que da vida a los grandes valores que legitiman su existencia, los de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
Ahora bien, para ilustrar lo anterior, conviene conocer las diversas dimensiones de la justicia. La primera dimensión es la justicia conmutativa que se refiere esencialmente a los contratos, como el préstamo, la compra de objetos, … En los contratos se establece que la cantidad que se prestó debe pagarse de acuerdo a lo estipulado. El gobierno debe vigilar que estos préstamos o contratos no sean abusivos (montadeudas).
En segundo lugar, se encuentra la justicia distributiva que se refiere, sobre todo, a la distribución de las “cargas” fiscales y a los cargos en la administración pública. El gobernante tiene la responsabilidad irrenunciable de asignar los puestos no por parentesco, amiguismo u otros motivos fútiles, sino según el mérito y la capacidad de la persona que se postula. Desgraciadamente estos desaciertos son el talón de Aquiles de muchos de nuestros gobiernos.
La dimensión más importante es la justicia social o del bien común, que trata de resolver los problemas sociales más acuciantes. Es importante fomentar el desarrollo integral del ser humano: abatir la miseria, promover la salud, la seguridad y el empleo estable, ya que nuestra responsabilidad es luchar contra las opresiones que se oponen a la dignidad del ser humano. Los programas del gobierno deberían incluir “el hacer, conocer y tener más, para ser más”. No se trata de promover una sociedad igualitaria a rajatabla, sino de procurar una sociedad más justa y equilibrada en la que el desarrollo económico no esté frenado por los excesivos gastos militares.
El enfoque de la justicia social es globalizante, abarca todas las relaciones expresadas en las diversas dimensiones de la justicia, sobre todo de la justicia distributiva, por lo cual, la perfidia, el menosprecio de los tratados y de las recomendaciones de organismos internacionales sobre derechos humanos, no deberían rechazarse en nombre de una mal llamada soberanía nacional.
La justicia social suele ser guiada por dos principios: el de solidaridad y el de subsidiaridad. El primero respeta la autonomía de cada grupo social (la familia, las escuela, las universidades, las organizaciones civiles) para que realicen sus propios fines. El segundo, coopera con las agrupaciones que requieren cierto apoyo o ayuda para realizar sus objetivos. Todo esto, conviene subrayarlo, sin caer en el paternalismo ni en la demagogia.
A fin de tener una concepción adecuada de la justicia social es de suma importancia establecer el tipo de relaciones que debe existir entre la persona y la sociedad. La sociedad y el Estado existen para la persona, no la persona para la sociedad. Por consiguiente, el Estado no debe esclavizar u oprimir a la persona humana, sino al contrario, debe fomentar y favorecer el crecimiento de las dimensiones del ser humano y sus legítimas aspiraciones de superación, tanto materiales como espirituales.
Ahora bien, aunque la justicia social fue proclamada por algunas corrientes socialistas, muchos años antes, encontramos destacados pensadores del bien común entre los teólogos juristas españoles de la Edad de Oro; especialmente, habría que señalar al dominico Francisco de Vitoria, al obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, y a los jesuitas Francisco Suárez y Juan de Mariana.
No captar la primacía de la persona conduce a nefastos equívocos: Lenin decía que “lo que importa es el conjunto social permanente y no los individuos transitorios”, frase engañosa en la que la persona queda reducida a un accidente pasajero del todo social. Con esto, se establecen las bases del totalitarismo que distorsiona profundamente lo que es la esencia de la persona y de la sociedad.
Reducir la orientación y el contenido del Derecho a la voluntad del Estado equivale a mutilar, lamentablemente, la ciencia del Derecho. El alma del Derecho está en que las personas vean en este el reflejo de su dignidad, lo cual exige que se respete la dignidad de las personas a fin de no caer en el positivismo extremo en el que el gobernante pueda decir: “El Estado soy yo”. (Luis XIV… y otros).
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