Sólo puede mantenerse en estricto secreto aquello que no se diga…
Surgió en un momento crítico la revelación del ataque cibernético perpetrado a la Secretaría de la Defensa Nacional donde se habrían obtenido más de seis terabytes de información de todo tipo, que han empezado a ser filtrados por diferentes medios de comunicación.
Aunque desde las más altas esferas del poder se ha tratado de minimizar el hecho, este reviste una importancia capital dada la institución que ha sido vulnerada y los contenidos que puedan estar en riesgo de ser divulgados.
Si ya las Fuerzas Armadas estaban situadas en el ojo del huracán por la extensión y diversidad de tareas que el Ejecutivo federal les ha asignado desde el inicio de la administración y la discusión sobre su permanencia en labores de seguridad pública hasta el 2028, la revelación de información, en su mayoría aún desconocida y que puede ser de extrema sensibilidad, incorpora un ingrediente explosivo.
Ya se ha expuesto en redes sociales la amenaza abierta de que en los años por venir se continuará haciendo público el contenido extraído de los servidores de la Sedena con una abierta y directa alusión al primer mandatario y al movimiento transformador que él encabeza, señalando que los perpetradores cuentan con el apoyo de sus “vecinos del norte”.
Es previsible que los contenidos vayan siendo dosificados y estratégicamente seleccionados a medida que se ubiquen momentos relevantes en donde las revelaciones puedan lograr el mayor impacto mediático. En principio, podemos anticipar dos: las elecciones estatales de 2023 y, desde luego, las federales de 2024.
Es indudable que no solo la dependencia vulnerada estará adoptando medidas de ciberseguridad y contrainteligencia para protegerse de nuevos ataques, pero por lo pronto el daño está hecho y campea la incertidumbre sobre el tipo y la calidad de la información robada, pero también queda en el ambiente la posibilidad de que otras entidades públicas hayan sido penetradas.
Ciertamente, es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad nacional y las labores de inteligencia son imprescindibles para ello. No puede concebirse una sin la otra, puesto que la toma de decisiones desde el más alto nivel debe basarse, para ser eficaz, en información confiable y depurada que brinde a quien la consume elementos de juicio certeros que han de traducirse finalmente en el diseño y operación de políticas públicas, pero ello obliga a mantenerla a buen resguardo y con altos niveles de protección.
El riesgo sigue siendo alto, la amenaza latente y de pronóstico reservado.
Comentarios recientes